El 26 de mayo de 2024, la ley de vivienda cumple un año de su entrada en vigor, así que ya contamos con el tiempo suficiente de aplicación como para analizar sus resultados. Según el diario Cinco Días, el precio de venta del metro cuadrado en España hace un año, justo antes de la entrada en vigor de la medida, era de 1667 euros. Actualmente, un año después, este precio aumenta hasta 2.079 euros. Si analizamos el precio del metro cuadrado de alquiler, sucede exactamente lo mismo, ha pasado de 11,6 euros a 12,7. Con los datos en la mano, podemos afirmar que un año después de la entrada en vigor de la ley, el problema no se ha solucionado, sino que se ha agravado.
Hemos esperado un año para comprobar, como ya preveíamos muchos profesionales del sector, que la nueva Ley de Vivienda lejos de facilitar el acceso a la vivienda, proporciona una inseguridad jurídica a inversores y propietarios que en nada ayuda a incentivar el aumento de la oferta.
Según El economista, el primer año de la norma acaba con 40.000 pisos menos en alquiler en España y si el escenario no cambia, las previsiones apuntan a que esta cifra aumentará hasta 100.000 en 2025. De estas 100.000, el 40% será en Catalunya, única comunidad autónoma que ha aplicado la medida del control de precios que permite la norma.
Así que los precios siguen subiendo. En 2022, el precio medio del alquiler rondaba los 900 euros al mes, en 2023 esta cifra aumentó a los 1000. Según el Observatorio del Alquiler, creado por la Fundación Alquiler Seguro en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, los precios seguirán subiendo en 2024 hasta llegar a los 1.069 euros. Este mismo estudio apunta que este último año la oferta de vivienda no ha dejado de caer hasta cerrar el 2023 con 813.850 inmuebles disponibles, frente a los 855.518 del año 2022.
¿Por qué los precios no dejan de subir? Por el evidente desajuste entre la oferta y la demanda. La demanda aumenta y la oferta no solo no aumenta, sino que las medidas de las administraciones provocan que disminuya.
En resumen, las cifras nos llevan a afirmar que una ley que nació con un claro componente político para hacernos creer que su intención era la de garantizar y facilitar el acceso constitucional a una vivienda digna, un año después de su aplicación, se demuestra que ha conseguido el efecto totalmente contrario al buscado.
